
De la comparecencia del pasado lunes del presidente Sánchez pueden extraerse dos conclusiones. La primera, la confirmación de que todo respondía única y exclusivamente a una estrategia para relanzarse -qué feminista eso de utilizar a tu mujer en provecho propio- y la segunda, la declaración de guerra a la libertad de opinión -siempre que no sea para rendir culto al líder- y a la democracia, en esta ocasión al poder judicial, que es el único que aún no ha conseguido meter en cintura.
La muerte de Victoria Prego, el pasado miércoles, tiene una triste coincidencia. Figura clave de la transición y de los medios de comunicación, su legado representa justo lo que ahora se quiere eliminar. Un periodismo libre, sincero e informativo, y el espíritu de una transición que nos hizo mirar hacia delante para, unidos como país, conseguir una sólida democracia, sustentada en la imprescindible separación de poderes.
De lo primero, ya hemos visto estos días anuncios de demandas y requerimientos a medios que, en el ejercicio de su labor de información, han venido denunciando las oscuras actuaciones del Gobierno y de la mujer del presidente, con el único fin de amedrentarlos en su tarea. Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz, decía que “ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural”. Las trincheras de la política parecen haber llegado a los medios de comunicación. En muchos casos, las tertulias y páginas de los diarios están ocupadas por activistas disfrazados de periodistas. Este ataque del presidente Sánchez a buena parte de la prensa muestra una enorme debilidad, pues transmite miedo, lo peor que puede trasladar un político.
Por otro lado, la obsesión por controlar a los jueces. A las propias declaraciones del presidente, se ha unido esta semana el anuncio de Sumar de presentar una propuesta para la reforma inmediata de la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar las mayorías necesarias para la elección de los miembros del Consejo. El Gobierno sabe que Bruselas no admite cambiar las mayorías para elegir a los jueces porque puede afectar a la independencia judicial y, con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, no parece el momento más apropiado para emprender esa batalla. Habrá que ver el resultado que dejan las urnas para trazar nuevas estrategias. Se avecina enfrentamiento entre socios.
Los jueces y los periodistas son, en democracia, los muros de contención del gobierno. Unos, para garantizar el Estado de derecho y la supremacía de la ley, los otros para contar lo que, muchas veces, el poder no quiere que se cuente. Esos son los muros que hay que reforzar y no los que otros quieren levantar para dividir a los españoles.
