Eliminación de la incapacidad permanente como causa automática de despido
Redactora de El Pespunte
El Consejo de Ministros ha adoptado dos importantes decisiones que impactarán significativamente el ámbito laboral en España. En primer lugar, ha aprobado una reforma que elimina la incapacidad permanente como causa automática de despido. En segundo lugar, ha lanzado una convocatoria de subvenciones por 500 millones de euros para programas de formación dirigidos a personas ocupadas.
Eliminación del despido automático por incapacidad permanente
La reforma del artículo 49.1.e del Estatuto de los Trabajadores, propuesta por los Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, permite eliminar la incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez como causas automáticas de extinción de la relación laboral. Este cambio normativo se ha alcanzado en acuerdo con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, destacó que esta medida “corrige una discriminación histórica de las personas trabajadoras con discapacidad en España” (Díaz). Con la reforma, será el trabajador quien decida si desea extinguir su relación laboral o permanecer en su puesto de trabajo, en cuyo caso la empresa estará obligada a adaptar el puesto o asignarle otro compatible con su nueva situación.
Programas de formación con una inversión de 500 millones de euros
El Consejo de Ministros también aprobó la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas destinadas a programas de formación de ámbito estatal, con un importe total de 500 millones de euros. Estos programas están diseñados prioritariamente para personas ocupadas, incluyendo a mayores de 45 años, mujeres y víctimas de violencia de género.
Yolanda Díaz subrayó la importancia de esta iniciativa para la mejora de la empleabilidad y la adaptación a las necesidades del sistema productivo. (Díaz). La convocatoria abarca 3.532 especialidades formativas, divididas en cuatro tipos de programas: formación habilitante, específica sectorial de especial interés, otra formación específica sectorial, y formación transversal.
La gestión de estas subvenciones corresponderá al Servicio Público Estatal (SEPE), y se evaluará la eficacia de los programas tras la primera convocatoria para asegurar que responden a las necesidades formativas detectadas y se ejecutan con calidad.
Estas medidas representan un paso significativo hacia la protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad y la mejora de la formación profesional en España.
